POR: REDACCIÓN.
06 DE ENERO 2020.
En la misiva, firmada por los alcaldes Lightfoot (Chicago), Bill de Blasio (Nueva York) y Eric Garcetti (Los Ángeles) junto a otros 48 ediles, señalan que: “escribimos en nombre de los millones de residentes que tienen profundas raíces en nuestras ciudades y comunidades y que contribuyen tanto a nuestra sociedad”.
“Estos miembros de nuestras comunidades son elegibles para la ciudadanía, la residencia legal permanente, la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), asilo, autorización de empleo y otros estados y beneficios migratorios”, por lo que les pedimos respetuosamente “retirar la propuesta”.
Al mismo tiempo, los alcaldes piden a las autoridades de inmigración “extender el período de revisión a 60 días” en vez de los 45 que fueron asignados por el DHS.
“El período actual de 45 días es insuficiente e injustificado. Esta regla propuesta es excepcionalmente larga (más de 300 páginas) y extremadamente compleja”, indicaron.
La regla anunciada en noviembre propone incrementar el costo de la aplicación a la ciudadanía americana en un 83%, aumentar el costo del programa DACA, así como implementar una tarifa de $50 dólares por asilo. De ser aplicada, los Estados Unidos se convertirían en el cuarto país en el mundo que toma dinero de aquellas personas que huyen de la persecución y buscan refugio.
La regla también excluye el uso de beneficios y tarifas de cancelación para la mayoría de servicios, los cuales son una herramienta importante para aquellos inmigrantes que cuentan con pocos ingresos y son incapaces de pagar el alto costo de las aplicaciones.
Los 51 alcaldes precisan en la carta que la regla propuesta “afectará negativamente a aproximadamente 9 millones de residentes permanentes a nivel nacional que son elegibles para convertirse en ciudadanos estadounidenses”.
“Son familiares y seres queridos, y son una parte integral del tejido social, cultural y económico de nuestra nación”, añaden.
“Nuestras leyes, reglas y regulaciones deben reflejar nuestra humanidad”, precisa el documento. La regla que propone el gobierno, “si se implementa, socavaría nuestros valores al excluir millones de inmigrantes y refugiados elegibles que llaman hogar a nuestras ciudades y condados basándose únicamente en su incapacidad para pagar las tarifas de las solicitudes” de servicios migratorios.
El 30 de diciembre de 2019 terminó el periodo para que DHS recibiera comentarios públicos sobre esta propuesta. Las nuevas tarifas entrarán en vigor en 2020, una vez que se publique la regla final en el Registro Federal.
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