POR: REDACCIÓN.
15 DE OCTUBRE 2019.
Esta norma pretende negar la residencia permanente y ciudadanía a los inmigrantes que, de acuerdo a las autoridades, se han convertido en una “carga pública” para el país al beneficiarse con cupones de alimentos, atención médica gratuita, ayuda en efectivo, asistencia para la vivienda, entre otros beneficios.
La regla, que entraría en vigor el 15 de octubre de 2019, y que hubiera afectado directamente a cerca de 1.2 millones de solicitantes anuales, incluyendo alrededor de 500, 000 que ya están en el país, ha sido detenida por el magistrado del distrito Sur de Nueva York, George B. Daniels, quien decretó que la regla no se puede implementar en todo el país tras una demanda presentada por los estados de Nueva York, Connecticut, Vermont y la ciudad de Nueva York, ya que la política perjudica específicamente a inmigrantes de minorías raciales.
También, el juez del Tribunal de Distrito para el Norte de California, Phyllis J. Hamilton, falló a favor de la petición hecha por un conjunto de demandantes que incluyen al Estado Dorado, Maine, Oregon, Pensilvania, el Distrito de Columbia, la ciudad de San Francisco y la Clínica de la Raza, en la que pedían una orden para detener la implementación de la nueva norma.
Ha sido una labor conjunta, entre estados y grupos de defensa, ya que se generaron un total de nueve demandas contra la regla de “carga pública” alrededor del país. En el caso de California, el argumento es que la norma viola la garantía de protección igualitaria de la Quinta Enmienda de la Constitución, ya que afecta en forma desproporcionada la obtención de la residencia permanente y la ciudadanía a inmigrantes no blancos.
En este sentido, la fiscal del estado de Nueva York, Letitia James, comento que los tribunales han frustrado los intentos de promulgar normas que “violen nuestras leyes y nuestros valores, al enviar un mensaje claro de que no pueden reescribir nuestra historia”, y asegura que con este “bloqueo” se ha permitido frenar una regla que habría tenido “efectos devastadores en los neoyorquinos y en nuestra nación, y la decisión de hoy es un paso crítico en nuestros esfuerzos por defender el estado de derecho”.
Por su parte, el juez Daniel, señaló que “el equilibrio de las acciones y los intereses de la justicia favorecen la emisión de una orden judicial preliminar”. Además, mencionó que “los inmigrantes siempre han venido a este país en busca una vida mejor para ellos y sus descendientes. Con o sin ayuda, la mayoría tiene éxito”.
El fiscal general de California, Xavier Becerra, también aplaudió la decisión y aseguro que “el fallo de la corte detiene el intento despiadado de convertir en arma los programas esenciales de salud, vivienda y nutrición”. En un comunicado, Becerra, agrego que, “este fallo es una victoria para las comunidades de California que merecen prosperar, no vivir con miedo. Esperamos continuar la lucha contra esta regla ilegal”.
Es importante mencionar que la labor de grupos de inmigrantes y sectores médicos ha sido determinante para frustrar la regulación de la “carga pública”, los cuales argumentaron que la regla desanimaría a los inmigrantes a buscar ayuda del Gobierno cuando pudieran necesitar comprar alimentos o ser atendidos por un médico.
Por eso, Almas Sayeed, subdirectora del Centro de Política de Inmigrantes de California, celebró la decisión en un comunicado, donde se destaca lo siguiente: “Mientras esperamos una orden judicial permanente, alentamos a todas las familias a acceder a los servicios que necesitan para prosperar”.
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