POR: REDACCIÓN
07 DE SEPTIEMBRE 2019.
La administración del presidente Trump dio a conocer la imposición de una nueva regulación que amplía la definición de lo que se conoce como ‘carga pública‘, dirigida principalmente a los cientos de miles de inmigrantes que ingresan al país de forma legal, para posteriormente convertirse en residentes.
De entrar en vigor, dicha regulación consistirá en incluir dentro de la ‘carga pública’ tres grandes áreas de beneficios públicos como: seguro médico (MedicAid), subsidio a la vivienda y cupones de alimentos, con los que cuentan algunas personas, y que jugarán en contra de estas al momento de decidir si se les otorga la residencia permanente.
Ken Cuccinelli, director de los Servicios de Inmigración del USCIS, declaró que la nueva medida promoverá el ser autosuficiente para aquellos que estén buscando venir o quedarse en los Estados Unidos, en espera que la gente que ingrese sea capaz de mantenerse por sí misma. Así que, carecer de autosuficiencia será un factor negativo al momento de decidir si podrán ser residentes permanentes.
Por lo tanto, la nueva regulación afectará a aquellas personas que cuenten con bajos recursos y que han hecho uso de programas de asistencia pública, ya que son más propensos a necesitar ayuda del gobierno a futuro.
La regla también incluye a aquellos inmigrantes que usen uno o más beneficios públicos durante 12 meses dentro de un periodo de 36 meses. Es importante considerar que cada beneficio se cuenta por separado, lo que significa que, si dos beneficios son usados en un mes, estos serán considerados como 2 meses.
Claro que existen algunas excepciones, como los beneficios obtenidos por miembros activos en la fuerza militar, MedicAid para mujeres embarazadas, niños por debajo de los 21 años y cuidado médico de emergencia, así como refugiados o personas que buscan asilo en el país.
Los inmigrantes indocumentados tampoco se verán afectados, a menos de que se les otorgue una oportunidad de aplicar para una Green Card o una Visa, pues ellos no son elegibles para los diferentes programas de asistencia social.
De igual manera, la nueva regulación no tendrá un efecto retroactivo, lo que significa que las personas que ya cuentan con una Green Card o la residencia, no se verán afectadas.
Ante la presentación de la nueva medida, defensores de la comunidad latina de Estados Unidos han mostrado su descontento al respecto.
La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, mencionó que la nueva definición de ‘carga pública’ del presidente Trump es un claro ejemplo de que su administración le está dando la espalda a la gente que busca una mejor vida para ellos mismos y sus familias. Según sus palabras, bajo esta regulación, los niños tendrán hambre y las familias no contarán con cuidado médico. La Fiscal General pretende demandar a la administración actual, pues considera que es la manera de defender a todas las comunidades de Nueva York.
Por su parte, Robert Greenstein, presidente del Centro de Presupuesto y Prioridades Políticas, considera que la regulación refleja una visión oscura de los Estados Unidos — como una nación cerrada que quiere mantener fuera a gente que quiere unirse a su familia, trabajar duro, y subir un escaño de la escalera económica — basada en la asunción errónea de que ellos no contribuirán a las comunidades, la economía y a la nación.
Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, también pretende emprender una demanda legal en contra de la regulación, pues desde su perspectiva, dicha medida tendrá el más profundo, amplio y mayor impacto a largo plazo de todas las políticas de inmigración implementadas por la administración de Trump.
En conclusión, la nueva regulación presentada por el gobierno, a pesar de estar sujeta a posibles cambios, ha causado miedo y disgusto entre la comunidad inmigrante, y aunque se pretende darle un freno por medio de vías legales, se proyecta que dicha regulación entre en vigor el 15 de octubre de 2019.
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